No hay cifras oficiales. Un fondo humanitario creado por fundaciones de Colombia y Venezuela intenta cubrir prótesis que cuestan entre 3.500 y 25.000 dólares.
La empresa ha implantado en Suiza el primer sistema ARC-IM de su estudio EIGER. Su ensayo sobre la tensión arterial tras una lesión medular contempla centros en España.
Su dispositivo Awake robotiza solo la pierna afectada tras un ictus. La empresa busca 3 millones de euros para vender en España y Europa a partir de mediados de 2027 y prepara ensayos clínicos en hospitales.
En la feria IFA de Berlín, Hypershell presentó Halo, que asiste caderas y rodillas, y Ascentiz un sistema modular. No son productos sanitarios y exigen caminar sin ayuda.
WHILL la comercializa desde finales de marzo de 2026 en España, Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos. Pesa 17 kg según la web europea y se pliega con una mano. En Japón salió a la venta el 3 de septiembre.
Homologada como turismo y con entregas previstas para noviembre, la versión accesible del PV5 se podrá pedir en España, aunque Kia no ha publicado precio para el mercado español.
El Servicio Andaluz de Salud prueba en varios hospitales a dar una segunda vida a sillas de ruedas y otros productos ortoprotésicos. FEDOP y ASOAN reclaman seguridad, trazabilidad y un marco legal.
El Departamento de Transporte no exigirá aún la presunción de mal manejo de sillas dañadas ni otros cuatro requisitos. Afecta a quien vuele a EE. UU. o con aerolíneas estadounidenses.
El Real Decreto 632/2026 permite jubilarse desde los 56 años a personas con un 45 % de discapacidad causada por patologías como la espina bífida, el párkinson o la lesión medular de cualquier origen.
Personas con parálisis con el implante cerebral N1 manejan una silla eléctrica mediante un cursor virtual. Es investigación: el implante no está aprobado y el número de participantes es pequeño.
La Orden SND/715/2026 obliga a registrar el identificador europeo UDI de cada producto ortoprotésico financiado. Las ortopedias denuncian que se aplicó sin periodo de adaptación.
La sentencia 498/2026 de la Sala de lo Social unifica doctrina: quien tenga una incapacidad permanente total debe pasar la valoración del grado de discapacidad como cualquier otra persona.
